Resumen: V.DOMÉSTICA Y DE GÉNERO.LESIONES/MALTRATO FAMILIAR
Resumen: La Sala examina los antecedentes de la crisis sanitaria producida por la pandemia del Covid-19 y las medidas normativas adoptadas al efecto, abordando la cuestión referida a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador a partir de las SSTC 148/2021 y 183/2021, que declaran la inconstitucionalidad parcial de las disposiciones que acordaron el estado de alarma y sus prórrogas. Señala que tales medidas estaban dirigidas a distintos y amplios sectores de actividad y, por tanto, dotadas del suficiente grado de generalidad para encuadrarlas en la categoría de cargas colectivas, además de ajustarse al principio de precaución o cautela (que comporta una inversión de la carga de la prueba) ante situaciones de riesgo para la salud pública. Y se adoptaron de acuerdo con el conocimiento científico de la pandemia existente entonces, por lo que su enjuiciamiento ha de hacerse conforme al criterio jurisprudencial de no retrospección (cláusula del sesgo retrospectivo anglosajona). No cabe alegar que el art. 3.2 de la LO 4/1981 establece un régimen especial (que exoneraría de la antijuricidad del daño y la fuerza mayor) contrapuesto al general de la responsabilidad patrimonial de la Administración. En consecuencia, las medidas adoptadas por los poderes públicos se dirigieron a limitar los efectos de una pandemia -imprevisible e inevitable-, siendo desarrolladas de manera razonada y proporcionada a la situación existente, por lo que no se generó responsabilidad.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La sentencia de instancia desestima la demanda sobre extinción de la relación laboral a instancia de la trabajadora por venir sufriendo acoso acoso laboral. Frente a la sentencia se interpone recurso de Suplicación por la trabajadora que se desestima. La Sala desestima el motivo sobre nulidad de la sentencia por incongruencia omisiva. Se pronuncia la Sala sobre uno de los motivos señalando que el efecto suspensivo del contrato de trabajo, que produce la incapacidad temporal, no causa, como efecto reflejo la suspensión de las facultades legales reconocidas al miembro de un Comité de empresa. En cuanto al motivo de denuncia jurídica manteniendo que ha venido sufriendo acoso y por lo tanto concurriría causa que justifica la extinción de la relación laboral. La Sala analiza los requisitos que deben de concurrir para apreciar la existencia de acoso deslindándolas de otros comportamientos empresariales y ejercicio abusivo de los poderes de estos, así como situaciones de conflictividad laboral . Concluye que en el supuesto enjuiciado no concurren los requisitos para apreciar la existencia de acoso laboral.
Resumen: La controversia radica en determinar si tres trabajadores individuales de la empresa demandada están legitimados para recurrir en casación ordinaria contra la sentencia dictada por un Tribunal Superior de Justicia que había desestimado la demanda de procedimiento de oficio en la que se impugnaba el acuerdo alcanzado en un despido colectivo. Uno de esos tres trabajadores había sido miembro de la comisión ad hoc representativa de los trabajadores que había alcanzado el acuerdo del despido colectivo. La Sala IV analiza los preceptos reguladores de la legitimación para interponer demanda de despido colectivo, así como los de la intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados. Concluye que los trabajadores individuales no están legitimados para intervenir en la instancia en procedimientos de despidos colectivos puesto que la defensa de sus intereses está atribuida a sus representantes legales y sindicales o al comité ad hoc. Tampoco pueden interponer recurso de casación ordinario contra la sentencia de instancia porque ello pugnaría con la naturaleza colectiva de estos procesos. Solamente pueden hacerlo sus representantes. No puede recurrir en casación uno solo de los miembros de la comisión ad hoc, formada por tres, porque los miembros minoritarios de la citada comisión ad hoc ni están legitimados para impugnar el despido colectivo, ni para recurrir la sentencia. Se trata de una comisión colegiada que precisa el voto mayoritario de sus miembros.
Resumen: Dolo: La agravación por el empleo de embarcación no requiere que el sujeto haya utilizado directamente la nave ni que se haya desplazado en la misma, basta con que conozca y asuma su empleo para el transporte de la droga que recepciona. Se analiza la posibilidad de apreciar la complicidad en el delito de narcotráfico y se concluye que no puede tildarse de escasamente relevante la participación de quienes, siguiendo un previo concierto, se encargan de recepcionar a pie de playa el alijo de más de dos mil kilogramos de hachís que arriba a la costa transportado mediante embarcación; dicho comportamiento se encuadra en la autoría. Atenuante de drogadicción: El solo hábito de consumo de sustancias tóxicas no es bastante para pretender sistemáticamente una atenuación de la responsabilidad penal; se requiere que el acusado perpetrara el delito a consecuencia de una grave adicción al consumo de estupefacientes. Se relacionan los requisitos de la atenuante de dilaciones indebidas y se concluye que no hay base para considerar que se haya incurrido en demoras de extraordinaria duración y nula justificación.
Resumen: Considera esta sentencia que no se ha acreditado que haya existido un funcionamiento anormal de los servicios sanitarios donde fue atendido el recurrente. Los daños alegados no consta que se hayan producido con motivo de la prestación de los servicios asistenciales que lleva a cabo el centro sanitario dependiente de la administración demandada, por lo que ante esa falta de acreditación desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto.
